(Fuente: Buenos Aires, 6 de Mayo de 2008.Arq. José Marcelino García Rozado).
La Audiencia Nacional de España supo contrarrestar las maniobras del antiperonismo K, mientras nuestras autoridades nacionales y del PJ les hacían el juego a los enemigos internos.
Negaron los pedidos del fiscal español y los jueces argentinos por delitos de “lesa humanidad” ya que consideran que nada relaciona a la ex Presidente con dichos actos.
Como corresponde a una justicia independiente y seria, el pasado 28 de abril los jueces de la Audiencia Nacional – máxima autoridad penal de España – rechazaron la mamarrachada de los pedidos de extradición de diciembre de 2007 y febrero de 2008 solicitada por los jueces federales Raúl Acosta y Norberto “spartacus” Oyarbide, contra la compañera ex Presidente Constitucional Argentina María Estela Martínez de Perón, Isabelita.
Poniendo las cosas en su lugar, la Sala en lo Penal de la Audiencia contesta el pedido del juez Acosta denegando el pedido de extradición al no encontrar causal ya que “no se le imputan a la ex presidente delitos de lesa humanidad y que nada la relaciona con los atentados, crímenes y desapariciones ocurridas durante su mandato”; más allá de que debe esperarse a que el fallo quede firme luego de la posible apelación del fiscal interviniente ante el Tribunal Supremo es muy probable que el Gobierno de España – vía el Consejo de Ministros – delegue aquella responsabilidad en el mencionado tribunal, ya que desde un comienzo las autoridades creían necesario estar “cargado de razones” para adoptar una decisión tan delicada y polémica contra la ex Jefa de Estado de una nación tan vinculada a España y más siendo esta la viuda de una figura política trascendental en la propia vida institucional española.
Debemos recordar que además de que María Estela de Perón vive en España desde julio de 1981, luego de expatriarse al ser liberada por la dictadura genocida, y de haber adoptado la doble nacionalidad argentina-española, la viuda del Líder peronista dejó de intervenir en las cuestiones internas partidarias, así como en la vida institucional argentina – pese a los requerimientos alfonsinistas y menemistas – durante todo el período de reinstitucionalización nacional posterior al 83.
Pero para que deje de confundirse a la ciudadanía, mediante manejos mediáticos y politizados que intentaron en los últimos años – coincidentemente con el gobierno kirchnerista – involucrar al General Perón en la represión de los grupos subversivos por grupos parapoliciales ambos fuera de la ley y la Constitución Nacional y para lograrlo, acusar a su viuda de connivencia y coparticipación en aquella lucha de facciones facciosas; el ejemplar fallo español aclara definitivamente “Los jueces carecen de legitimidad para juzgar a autoridades constitucionales destituidas por actos de rebelión …los delitos que se imputan no son constitutivos de lesa humanidad de acuerdo con el derecho internacional” y por lo tanto esos delitos – si hubieren existido – han prescripto.
Desecha así con una claridad meridiana las “bárbaras” imputaciones del juez Acosta de “privación ilegal de libertad y torturas” respecto de Jorge Berón, como “consecuencia de la firma de tres decretos de 1975” que indicaban a las Fuerzas Armadas “aniquilar el accionar de la subversión”, y que esgrimía la aberración jurídica de implicar al ente emisor de tal decisión constitucional como coautor de los excesos ejecutados o cometidos por las fuerzas de aplicación. Pero para ser más claros aún, los jueces españoles de la Audiencia Nacional aclaran “ no existe un vínculo concreto entre la reclamada y las detenciones ilegales. Tampoco puede inferirse la existencia de un ataque sistematizado contra la población civil, conocido y consentido por las más altas autoridades de la Nación, ostentada entonces por la reclamada, pues nada le relaciona con las numerosas desapariciones ocurridas durante su mandato.”
Pero para que no quedase duda alguna, aquellos mismos jueces aclaran respecto de la otra “barbaridad jurídica” emanada por el tristemente célebre juez Oyarbide “el tribunal no comparte la calificación jurídica porque es forzada” y además, para despejar toda futura duda sentencia que “luego de más de treinta años transcurridos es por lo menos extraño se pretenda la extradición y se acuda a la figura de un delito imprescriptible como el de lesa humanidad, ya que de otra forma, por la prescripción de los delitos, la extradición tendría que ser denegada… dice – Oyarbide – con claridad que no imputó a Isabel haber pertenecido a la Triple A, ni haber cometido los crímenes que se atribuyen a dicha agrupación criminal por lo que no podemos compartir que se diga que los hechos-delitos por los que se formula la reclamación para ella son de Lesa Humanidad”. Ataca puntualmente el pensamiento expresado por el juez spartacus que afirmaba en su pedido de extradición que la ex Presidente “brindó una cooperación sin la cual los hechos no habrían podido cometerse”.
Queda claro luego de la lectura del fallo ejemplar del tribunal español que las maniobras políticas intentadas desde los propios ámbitos gubernamentales, a través de los jueces “amigos” o subordinados – por diversas y conocidas causas personales – al poder de turno, con la aquiescencia de las autoridades nacionales y partidarias ( cuestionadas por la enorme mayoría de la militancia peronista, y un muy amplio espectro ciudadano ), no va a prosperar porque todavía existe independencia de criterio y savia interpretación de la jurisprudencia internacional, tan manoseada y tergiversada en nuestro medio judicial y político.
Como se veían venir el justo resultado al “bárbaro” pedido, los “agentes” del progresismo K y sus aliados de las agrupaciones de derechos humanos “parcializados” y tendenciosos intentan reflotar desde los “medios de prensa” – los mismos denostados desde el gobierno – “dos reuniones, una en mayo de 1973, que presidió Juan Perón y otra en agosto de 1974, que presidió María Estela Martínez. En esta última se habrían pasado diapositivas con los rostros de futuras víctimas de la Triple A”. A. Amato Diario Clarín 29 Abril de 2008.
Es tal el grado de odio expresado por aquellos nefastos personajes empleados y coautores de los golpistas del 76, que sin reparar en que fueron totalmente condenados por el pueblo peronista – verdaderos destinatarios de la furia genocida y destructiva del aparato productivo nacional – pretenden finalmente destruir el “sentimiento más arraigado en el corazón” de ese pueblo que desprecian atacando a sus más ilustres figuras.
Los jueces serviles y los “mensajeros del odio” se alían para intentar mancillar las figuras adoradas y veneradas por el Pueblo, intentan sembrar el concepto de que por culpa de los españoles ahora el destino de la causa de la Triple A quedará impune. Mienten y niegan la verdad cuando olvidan decir que es aquella causa, un capítulo apenas, de una causa pendiente de ser investigada y juzgada en la que deberán dar explicaciones y justificar su accionar, tanto los integrantes de la Alianza Anticomunista Argentina como los integrantes y las cúpulas de ERP, FAR, FAP y Montoneros. Esa investigación pendiente debe abarcar además el accionar de las Fuerzas Armadas y sus mentores ideológicos civiles y los organismos de inteligencia y sus “agentes” de derecha y de izquierda tanto nacionales como internacionales.
Les duele a estos “personajes” que el tribunal español deslice, casi explícitamente, las motivaciones extrajurídicas de carácter político, y nieguen basados en una interpretación ajustada a derecho internacional la caracterización abusiva aplicada por nuestros jueces y camaristas. Las preguntas que se hacen tendenciosamente, como si el pensamiento de aquellos y de nuestros jueces, fueren de igual independencia respecto de la “visión de la calidad del crimen”, el “valor de la vida humana” y del “poder de un Estado” es producto de la propia frustración de no entender que hay Justicias con mayúsculas y otras que ni siquiera corresponde denominarlas con minúscula por su grado de dependencia y obsecuencia.
Es real que los crímenes del nazismo, los del bombardeo americano a Hiroshima y Nagasaki, los de la Triple A y los de las organizaciones terroristas argentinas y extranjeras, los de EEUU en Iraq y los de Israel en palestina son de Lesa Humanidad toda vez que persiguen el fin último de la eliminación masiva del prójimo, y sus consecuencias, tornan a convertirse en perverso, todos por igual y por las mismas razones.
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