Pusieron en alerta a las fuerzas de seguridad por la tensión con Irán

(Clarín, 16 de noviembre del 2006).

EL ATENTADO CONTRA LA AMIA : DERIVACIONES DE LA INVESTIGACION JUDICIAL DEL ATAQUE CONTRA LA MUTUAL JUDIA .

El Gobierno puso en alerta a todas las fuerzas de seguridad federales y a la SIDE debido al conflicto diplomático desatado con Irán por la causa AMIA, confirmaron a Clarín voceros del Gobierno.La Jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior ordenaron así a la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la SIDE aumentar los controles de sospechosos en los pasos fronterizos, rutas, aeropuertos y puertos de todo el país como medida preventiva.Un vocero del Ministerio del Interior intentó minimizar la orden revelada por altas fuentes del Gobierno. Estas explicaron que la intensificación de los controles se realiza, con efectivos de la Policía Federal, alrededor de "objetivos estratégicos" como sedes de la comunidad judía y la Embajada de EE.UU. A la Gendarmería se le asignó la tarea de mayores controles en la zona de la Triple Frontera. Y a la SIDE, aunque no figure en ningún protocolo, "el seguimiento de sospechosos", afirmaron las fuentes. La orden se mantuvo en reserva para no provocar pánico.Paralelamente, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, recibirá hoy, a las 17.30, al nuevo embajador de EE.UU., Earl Anthony Wayne, con quien hablará sobre la lucha contra el narcotráfico y delitos internacionales. No se descarta que también se analice la marcha de la investigación del atentado contra la mutual judía.El alerta se debe a la hipótesis de un tercer atentado en la Argentina, tras a los ataques a la embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994). El temor es que algún grupo terrorista use el conflicto diplomático con Irán como argumento para un hipotético nuevo ataque. Las medidas preventivas se ordenaron después de que el lunes la Cancillería entregara una nota de protesta al encargado de Negocios de la Embajada de Irán en Buenos Aires, Mohsen Baharvan, pidiendo que su gobierno ratifique o rectifique las declaraciones del fiscal general iraní según las cuales se iba a pedir la orden de captura de Nisman y del ex juez Galeano, entre otros temas (ver "La crisis...").Hasta anoche la Cancillería afirmaba que Irán "no había respondido" a sus requerimientos, y los voceros de esa cartera interpretaban esto como una supuesta intención iraní de bajarle los decibeles al conflicto.Mientras tanto, Abdel Samad Jorramabadi, de la Fiscalía General de Estado, anunció en Teherán que una comisión extraordinaria estudiará "las actuaciones de los tribunales de Argentina y las huecas acusaciones vertidas sobre el Gobierno y autoridades de Irán, para emprender las acciones legales pertinentes para hacerles frente". Jorramabadi contó que la comisión ya "decidió el rumbo legal y jurídico" que tomará Teherán para "hacer valer los derechos del pueblo iraní, alzar las demandas por difamación del honor, por desagravio y para preservar el honor de las autoridades de la República Islámica".En tanto, el juez Canicoba Corral formalizará en estas horas las órdenes de captura contra Rafsanjani, del ex embajador de Irán aquí, Hadi Soleimanpour; de los ex ministros Alí Fallahijan y Alí Akbar Veleyati, de los ex comandantes Moshen Rezai y Ahmad Vahidi, del ex jefe de Seguridad Exterior Imad Fayez Moughnieh, del ex consejero cultural en Argentina Mohsen Rabbani y del tercer secretario de la delegación diplomática en Buenos Aires, Reza Ashgari.El alerta se tomó cuando aún no se terminaron de implementar algunas de las medidas de seguridad estructurales que a Galeano y especialistas en antiterrorismo han pedido reiteradamente a los gobiernos de turno y al Congreso.El gobierno de Néstor Kirchner sí cumplió con pasar el RENAR —que además de armas debe controlar explosivos— de Defensa al Ministerio del Interior con la idea de implementar mayores controles en la venta de dinamita para uso industrial, fundamentalmente el trabajo en las minas.En cambio, la informatización de los movimientos migratorios es una deuda pendiente desde que el ex presidente Fernando de la Rúa anuló un contrato multimillonario con Siemens para la impresión de los DNI y la informatización de todos los controles migratorios, lo que aún está pendiente.