(Clarín, 14 de septiembre del 2006)
La Cámara baja aprobó esta noche, en general, la iniciativa del Gobierno que estipula, entre otras ventajas, desgravaciones impositivas para que las petroleras amplíen sus zonas de exploración y explotación.
La Cámara de Diputados aprobó esta noche -en general- el proyecto del Ejecutivo que impulsa la promoción de la exploración y explotación de hidrocarburos. La iniciativa contempla beneficios impositivos a las empresas que inviertan en bienes de capital.La medida, aprobada por 121 votos contra 74 y 2 abstenciones, era debatida en particular por los diputados que, tras su sanción en la Cámara baja, lo enviarán al Senado. El proyecto que impulsa el Gobierno generó en la previa fuertes polémicas. Estipula desgravaciones impositivas para que las petroleras amplíen sus zonas de exploración y explotación, pero se extiende la idea de los opositores de que la futura ley no cambia la matriz de las privatizaciones de los años 90 y sólo servirá para que algunas empresas redondeen más ganancias sin que se garantice que las reservas sean para la Argentina. Es el que el proyecto no toca los decretos privatizadores del ex presidente Carlos Menem, en especial el que les cedió a la petroleras la libre disponibilidad del crudo. Es decir, que pueden venderle al país a precios internacionales o exportar todo. "Las petroleras aprovecharán sus ventajas impositivas para explorar y explotar en su propio beneficio, y no a cuenta del Estado", subrayó Claudio Lozano (CTA), para quien esas empresas "cuadruplicaron sus ganancias en los últimos años, respecto de las empresas líderes, a raíz del dólar alto y los precios internacionales del petróleo". También hay quejas sobre el papel "demasiado escaso" que se le da Enarsa, la petrolera estatal, en el proyecto. La iniciativa fue redactada por el ministro de Planificación, Julio De Vido, como forma de paliar la escasez que se prevé para los próximos años. Dará 15 años de incentivos para las petroleras que presenten nuevos proyectos para crudo y gas, que van desde beneficios para la compra de bienes de capital hasta desgravaciones tributarias de todo tipo.
NOTA DE P. DE H: La media sanción que le dio el Congreso a la ley impulsada por el Ejecutivo, no es mas que una ampliación de la entrega de nuestro patrimonio nacional, de nuestros recursos, en este caso el petróleo y el gas, a las garras del imperialismo.
Lejos esta la ley sancionada de aquél histórico artículo 40 de la Constitución Nacional de 1949 que decía: “Art. 40 - La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución. Salvo la importación y exportación, que estarán a cargo del Estado, de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley, toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios.
Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias.
Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaran en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine.
El precio por la expropiación de empresas concesionarios de servicios públicos será el del costo de origen de los bienes afectados a la explotación, menos las sumas que se hubieren amortizado durante el lapso cumplido desde el otorgamiento de la concesión y los excedentes sobre una ganancia razonable que serán considerados también como reintegración del capital invertido”.
En síntesis, si Kirchner fuera peronista, conocería la Constitución de 1949, el art. 40 de la misma, y tendría una política acorde con dicha carta orgánica; cosa que en realidad no sucede. ¿Por qué será?
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