De la Rúa, camino al procesamiento por fraude en la causa del Megacanje

(Clarin, 28 de septiembre del 2006).

LA OPERACION DE CANJE DE DEUDA PUBLICA DE JUNIO DE 2001
De la Rúa, camino al procesamiento por fraude en la causa del Megacanje
Lo resolvería el juez Ballestero. La medida podría alcanzar a Cavallo y Daniel Marx.


Antes de que se defina su situación en la causa sobre las coimas del Senado, el ex presidente Fernando De la Rúa sufriría un procesamiento en otra investigación judicial sobre un presunto hecho de corrupción ocurrido durante su mandato. El juez federal Jorge Luis Ballestero analiza su responsabilidad en el megacanje de la deuda externa y podría señalarlo como posible autor de un fraude contra la administración pública.La decisión se firmaría en los próximos días, informaron a Clarín fuentes de Tribunales. De la Rúa declaró ante Ballestero hace dos semanas y defendió la operación, concretada mediante un decreto suyo en junio de 2001. También resultarían procesados el ex ministro de Economía de la Alianza, Domingo Cavallo; el principal negociador con el FMI, Daniel Marx, ex secretario de Finanzas, y el ex secretario de Hacienda, Jorge Baldrich.Para De la Rúa será su segundo procesamiento. El primero, por malversación de caudales públicos, es de cuando se desempeñaba como jefe de Gobierno porteño: se sospecha que hizo contratar al jardinero de su casa como empleado del Concejo Deliberante. En marzo de este año, la propia Corte Suprema confirmó que debe ser sometido a juicio oral y público por este episodio.En el caso de los sobornos del Senado, De la Rúa fue sometido a declaración indagatoria por el juez Daniel Rafecas, que resolverá si lo procesa o no —por malversación de caudales públicos o cohecho, por ejemplo— hacia fin de año, una vez que regrese de una licencia. Dos ex colaboradores suyos ya están procesados: el ex ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, y su amigo Fernando de Santibañes, ex secretario de Inteligencia del Estado.El megacanje implicó que la Nación postergara por cinco años el vencimiento de una parte de su deuda pública; para seducir a los acreedores, se les entregó bonos nuevos a menor plazo y a mayor interés, lo que incrementó la deuda pública de manera con siderable.El fiscal Federico José Delgado considera que De la Rúa y los demás funcionarios cerraron el canje a sabiendas de que sería perjudicial para el Estado y que generaría un "lucro indebido" en favor de los tenedores de bonos.El procesamiento que decidiría Ballestero no implicará la prisión preventiva de De la Rúa. Sí podría incluir un embargo, que se sumaría al de 220 mil pesos en la causa por el jardinero.Cuando se presentó ante Ballestero, el ex presidente criticó los efectos de la Convertibilidad impuesta por el propio Cavallo en la gestión de Carlos Menem. "Tengo plena confianza en la legalidad y corrección de la medida", declaró, según una transcripción de la indagatoria que consta en su sitio web.Otro sumario que De la Rúa tiene abierto es el de los crímenes del 19/20 de diciembre, cuando se derrumbó su gobierno; la jueza María Servini de Cubría le concedió una falta de mérito. Mejor le fue en un expediente sobre un pago de 44 millones de pesos que la administración de la Alianza realizó en favor de la empresa Correo Argentino: Norberto Oyarbide lo sobreseyó el año pasado.A Cavallo, el mismo Ballestero podría indagarlo por el cobro y reparto de sobresueldos durante el menemismo.

"Maniobra desventajosa"

En la causa sobre el megacanje, un peritaje contable determinó que el diferimiento de los vencimientos de la deuda pública implicó un grave aumento del endeudamiento nacional: de 82.249 millones de dólares a 120.650 millones.Con esta medida, Domingo Cavallo y Fernando De la Rúa patearon cinco años hacia adelante un vencimiento de 15 mil millones de dólares. Participó de las negociaciones el ex secretario del Tesoro estadounidense, David Mulford, amigo de Cavallo, también sospechado de ser coautor del fraude que se habría cometido con este megancanje de bonos.Para la fiscalía, resultó una "maniobra desventajosa" para el Estado y derivó en "un lucro indebido" para los acreedores.